Cómputo de plazos en Derecho Civil

     Debido a la vital importancia de los plazos en nuestro sistema judicial, el conocimiento de cómo se deben computar estos debería ser una materia clara y conocida por todos sin necesidad de acudir a artículos jurídicos que nos aporten un poco de luz al respecto, evitando así cometer desastrosos errores que provoquen, además de un verdadero mal rato, la inevitable y dramática perdida del derecho que queremos hacer valer. Sin embargo, es una materia más bien oscura en la que confluyen multitud de formas de computar dependiendo del tipo de plazo y de la rama del derecho en la que nos encontremos.

 

     En este post nos centraremos en el derecho civil exclusivamente.

 

     El artículo 5 del Código Civil recoge las reglas básicas a seguir en cuanto a computo de plazos se refiere, dejando abierta la posibilidad de que se recojan en la ley otro tipo de cómputos específicos a través de lo articulado en su primer renglón cuyo tenor literal dice: “Siempre que no se establezca otra cosa”. Esta referencia que para algunos puede parecer irrelevante, esconde tras de sí la problemática de no disponer de un sistema de cómputo de plazos unitario para todas las ramas jurídicas. Tanto es así que ni siquiera dentro del propio derecho civil el sistema de determinación de la fecha exacta cuando nos otorgan un plazo es unitario. En este sentido debemos distinguir entre dos tipos de plazos.

 

1.-Cómputo Civil: Son los plazos que rigen para el cumplimiento de las obligaciones y contratos, es decir, aquellos que debemos tener en cuenta cuando contratamos o realizamos cualquier tipo de negocio con otra persona y, aún si cabe más importante, son los plazos que determinan la preclusión del ejercicio de acciones, por lo tanto para ejercitar un derecho recogido en el código civil debemos seguir el computo de plazos civil.

 

     A este tipo de plazos es al que se refiere el artículo 5 del CC. El cómputo se hará por días naturales, es decir, no se excluirán los días inhábiles. Las reglas concretas que debemos seguir para determinar la fecha exacta son las siguientes:

 

I.- Si el plazo es por días, debemos empezar a contar desde el día siguiente al comienzo de de este, excluyendo el primer día. Por ejemplo: Nos dan un plazo para pagar una deuda de 20 días desde el día 1 de enero, comenzamos a contar 20 días desde el 2 de enero, con lo cual el plazo finalizaría el día 22 de enero a las 24 horas.

 

II.- Si el plazo es por meses o años, debemos comenzar a contar desde el día en que realizamos el negocio sin excluir ninguno, finalizando el plazo el mismo día del mes o año siguiente. Por ejemplo: Nos dan un plazo de 1 mes desde el 31 de enero, el plazo finalizaría el 31 de febrero pero al no disponer febrero de día 31 el plazo finalizaría el último día del mes, es decir, el 28 de febrero o, en su caso, 29 de febrero.

 

     Repetimos que es de destacar que para el ejercicio de acciones es de aplicación el cómputo de plazos civil recogido en el artículo 5 del Código Civil, no excluyéndose los días inhábiles, debiendo tener especial precaución con la caducidad o prescripción de estas.   

 

2.-Cómputo Procesal: Son plazos procesales los que tengan su origen o punto de partida en una actuación procesal (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento) (SSTS 1 de febrero 1982; 22 de enero de 2009).

 

     Para el cómputo de estos plazos si hay que excluir los días inhábiles como sábados y domingos, 24 y 31 de diciembre y días festivos tanto a nivel nacional como autonómico o local.

 

 

     La ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 establece en su artículo 135.5 que la presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Esta ampliación del plazo se debe a que el artículo 133 de la misma Ley recoge que el plazo finalizará a las 24 horas del mismo día del vencimiento, es decir a las 12 de la noche, sin embargo, los Tribunales de Justicia solo funcionan hasta las 15 horas, sustrayéndole al interesado 9 horas de plazo que la ley le otorga.  El legislador, ha optado por traspasar esas horas en las que por ley se dispondría de plazo para presentar cualquier actuación procesal al día siguiente hasta las 15 horas, otorgando al interesado la posibilidad de apurar los plazos, evitando el hurto de parte de estos al obligar la ley a presentarlo el último día antes de las 24 horas. 

 

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